ABOGADO COMPLIANCE MÁLAGA FUENGIROLA MIJAS

En el Código Penal existe un catálogo cerrado de veinticuatro figuras delictivas para las que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre ellas, algunos de los delitos que con más frecuencia pueden cometerse en fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, como es el caso que nos ocupa, son: estafas, frustración en la ejecución de insolvencias punibles, receptación y blanqueo de capitales, corrupción, etc.

Todos estos delitos pueden ser cometidos por tanto por los administradores de la persona jurídica como por cualquier empleado en su seno (incluyendo directivos).

Una vez identificados TODOS los delitos tipificados, se pasa a analizar la persona jurídica concreta y, basándonos en su actividad, se realiza un mapa de riesgos en el que se prevé la probabilidad de comisión de cada delito así como su impacto (gravedad que puede acarrear su comisión).

Posteriormente, se planifica un sistema de prevención de riesgos, en el que se establece una política de actuación para prevenir cada uno de los delitos que se han calificado anteriormente como de posible comisión.

Multas.

Disolución de la persona jurídica.

Suspensión temporal de su actividad.

Clausura temporal de sus locales o establecimientos.

Prohibición de realizar en un futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

Inhabilitación temporal para obtener subvenciones y ayudas públicas.

Intervención judicial temporal para salvaguardar los derechos de trabajadores o acreedores.

Es muy importante, tras la implantación del plan, que se nombre a una persona “compliance officer” o responsable de cumplimiento normativo, que será el encargado de gestionar y supervisar el plan, su implantación y eficacia.

Además, se establecerá un canal de denuncias, gestionado por el “compliance officer” a través del cual cualquier miembro de la persona jurídica podrá comunicar la presunta comisión de delitos, la falta de eficacia del plan o fallos técnicos o de aplicación del mismo.

Con este fin se implantará igualmente un régimen disciplinario interno para que la persona jurídica, en la persona de su responsable de cumplimiento normativo, tenga la autoridad necesaria para tomar medidas disciplinarias frente a aquéllos miembros que infrinjan lo dispuesto en el plan.

Para ello, previamente se hace necesaria una correcta difusión del plan entre todos los integrantes de la persona jurídica acompañado de la sensibilización necesaria para que tengan en cuenta la importancia de la implantación y cumplimiento estricto del mismo.

Por último, y para que el compliance penal sea efectivo, el responsable de cumplimiento normativo se encargará de promover las pertinentes revisiones del plan cuando considere oportuno y, en todo caso, anualmente.